Este año electoral nos permite iniciar el diseño de una nueva política de seguridad para Chile. Mientras este es el principal fracaso del gobierno, la amplia izquierda debe converger en un gran acuerdo para parir una alternativa efectiva. Tiene la ineludible tarea de hacerse cargo de una problemática que entregó en bandeja la derecha incluso copiando en parte sus recetas para gobernar.
El panorama es trágico. El 2020 los homicidios aumentaron en un 29% y en el sector sur de la Región Metropolitana, donde existen verdaderas zonas de sacrificio en seguridad, en un 80%. Gran parte son por ajustes de cuentas y cerca de la mitad con arma de fuego. Mientras el Gobierno reconoce que hay 800 mil armas sin ningún control en el país, la PDI afirma que el 90% de las incautadas son registradas. En estas zonas de sacrificio, es donde los delitos violentos y el narco crimen organizado aumentan mientras en comunas de más ingresos bajan. El sistema actual no baja la inseguridad, sino que la barre hacia a ciertos territorios instrumentalizando a las policías como fronteras de control social.
Nuestras policías se mantienen atascadas en un pantano de populismo de mano dura creado por el ejecutivo que ha resultado ser tremendamente efectivo en lo comunicacional, pero regresivo en la práctica. Así, el sistema de vigilancia y castigo sobre los más vulnerables forja a la cárcel como una extensión de la pobreza permitiendo que el crimen organizado pueda contar con un flujo constante de capital humano generado por la precariedad y el abandono del Estado. Particularmente, gracias a nuestro arcaico sistema prohibitivo sobre las drogas, cientos de millones de dólares llegan a manos de la criminalidad permitiéndoles comprar armas, controlar barrios y construir una legitimidad paralela al Estado que genera una para-realidad social prácticamente imposible de combatir.
La legitimidad policial es clave. Pero el ejecutivo dejó pasar más de un año desde que había disposición transversal para la urgente reforma a Carabineros. Empujó una institución fundamental para la democracia al borde de un barranco de ilegitimidad e intenta usarla constantemente como protectora de su orden político. Hasta ahora, la reforma, y por una decisión política, no es más que notas de prensa y cambios burocráticos.
El problema es político y requiere soluciones políticas. De forma inmediata el Congreso debe frenar la agenda populista y del abuso de la excepcionalidad con fines de seguridad junto con pedir rendición de cuentas para así avanzar con mayor inteligencia y efectividad operativa. Porque será el próximo gobierno quien tendrá que enfrentar y reformar la inseguridad que nos dejará como legado Sebastián Piñera, es ineludible para la amplia izquierda trabajar unidos por una reforma a nuestro sistema de seguridad que incluya al menos debates como la regulación de ciertas drogas, policías acordes al nuevo Chile y por sobre todo un plan urgente respecto a los homicidios, la violencia y las armas.
Contenido publicado en La Segunda
