Por Macarena Aliaga – Pasante Monitor de Seguridad
Desde la década del 80, la política de guerra contra las drogas se asomaba como la estrategia concreta que guiaba el control del tráfico de drogas ilícitas para América Latina, impulsada por Estados Unidos, que materializaba los pensamientos clásicos de seguridad altamente militarizados. En consecuencia, sus bajos resultados en comparación con sus altos efectos colaterales llevaron a su propio cuestionamiento.
En paralelo, en la década de los 90, desde Naciones Unidas estaba naciendo una nueva perspectiva de seguridad: la seguridad humana, que daba la posibilidad a países como México, Colombia y Perú de ver el conflicto de las drogas ilícitas a partir una perspectiva preventiva. Países que resultan -hasta el día de hoy- centrales dentro de las corrientes de trafico de drogas ilícitas internacionales, pues los carteles de droga han sabido conformarse como empresas trasnacionales, llegando a presenciar una alta violencia asociada al tráfico que atenta contra la libertad y dignidad de las personas y comunidades.
Por lo tanto, las políticas y programas de seguridad, y en particular, aquellas que apuntan directamente hacia el tráfico de drogas ilícitas en aquellos tres casos, se han ido asociando a elementos cada vez más cercanos a una perspectiva de seguridad humana, de tal forma que los documentos de seguridad de los pasados gobiernos de Santos en Colombia, Peña Nieto en México y Ollanta Humala en Perú fueron demostrando en diferente grado y forma un cambio en el discurso de seguridad.
Ahora bien, que el discurso de seguridad cambie en el interior de las políticas no quiere decir que también haya cambiado la realidad de las comunidades afectadas por el tráfico. A pesar de que los nuevos discursos de seguridad destaquen como fundamental el respeto a los derechos humanos, tanto en México como en Colombia, se ha llamado la atención por la delgada línea que han cruzado las Fuerzas Armadas y la Policía en el control del delito, viviendo situaciones de corrupción, tortura, secuestro y violencia sexual. Mientras tanto en el caso de Perú, a diferencia de los dos anteriores, al estar el conflicto de la droga más focalizado en algunas zonas como el VRAEM, el cuestionamiento se encuentra mayormente guiado hacia los planes de erradicación, y de qué formas estos han vulnerado los derechos socioeconómicos de las comunidades afectadas.
En conclusión, podemos destacar tres puntos: en primer lugar, a pesar de todos los esfuerzos para su control el tráfico de drogas ilícitas sigue siendo un problema de mucha importancia en nuestra región; en segundo lugar, se puede reconocer un cambio en las políticas de seguridad pero limitado mayormente a la esfera discursiva, pues no se ha reflejado en la realidad de las comunidades afectadas por el delito, sobre todo en lo que se relaciona al actuar de las fuerzas de orden y las campañas de erradicación; y finalmente, al reconocer esta situación se pueden plantear desafíos sobre las formas en las cuales podemos disminuir las incongruencias entre las políticas de seguridad y el contexto de las personas que padecen el efecto del tráfico de drogas ilícitas y las medidas para su control.
