Informe Final: Juventud y Seguridad

Proyecto Monitor de Seguridad Fundación Chile 21 Fundación Friedrich Ebert-Stiftung NOVIEMBRE 2020

Proyecto Monitor de Seguridad
Fundación Chile 21
Fundación Friedrich Ebert-Stiftung
NOVIEMBRE 2020

ÍNDICE

1. Presentación

2. Juventud, violencia y seguridad: algunos elementos teóricos

3. Encuesta Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial:  Diagnóstico y Percepciones en Jóvenes

4. Gestión de la información pública y datos interactivos del Monitor de Seguridad

5. Palabras finales

6. Bibliografía

1. Presentación

El presente informe muestra los resultados de la “Encuesta de Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial” realizada por el proyecto “Monitor de Seguridad”, liderado por la Fundación Chile 21. El objetivo de esta encuesta es recoger los datos de percepción ciudadana sobre seguridad y evaluación de la función policial, a fin de construir un índice desde la mirada de las y los jóvenes. Las dimensiones de análisis que evalúa esta encuesta, tienen relación con la confianza sobre las policías y la legitimidad del actuar policial principalmente, además de la percepción de eficiencia y eficacia de las mismas, en la población entre 18 y 35 años. El diseño de esta encuesta está inspirado en la Encuesta Social Europea para medir confianza y legitimidad policial en los países de la Unión Europea (UE), lo que nos permite contar con una medición con los más altos estándares internacionales en nuestro país.

Adicionalmente, el proyecto Monitor de Seguridad busca complementar esta encuesta con datos de diferentes instituciones vinculadas a la ejecución de políticas públicas de seguridad y prevención del delito y la violencia en jóvenes. Para ello, se ha solicitado desde el Monitor de Seguridad datos de carácter público a partir de la Ley de Transparencia, con énfasis en los últimos años, que nos permitan integrar datos para comprender la percepción de los jóvenes sobre su seguridad y la violencia, principalmente luego del Estallido Social y la crisis sanitaria la pandemia por coronavirus.

El requerimiento

En este escenario, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) en conjunto con la Fundación Chile 21 y el Monitor de Seguridad, lideran la iniciativa “Observatorio de Violencia y Juventud”. Este observatorio tiene como objetivo:

Analizar la realidad de la violencia y conflictividad social con foco en la población entre 18 y 29 años y menores de edad en Chile.
Analizar los delitos cometidos por la población de jóvenes entre 18 y 29 años, y menores de edad en Chile.
Analizar los reclamos sobre el actuar policial y la violación a los derechos humanos en la población de jóvenes entre 18 y 29 años, y menores de edad en Chile.
Elaborar un informe temático y contingente sobre violencia, seguridad y juventud en Chile.

El proyecto contempla la entrega de tres informes de avance durante todo el desarrollo del estudio. En este sentido, el Monitor de Seguridad ha comenzado con el levantamiento de datos desde fuentes primarias y secundarias, para la generación de los productos comprometidos. Dicho lo anterior, el presente informe se trata la consolidación de los informes de avance y sus conclusiones, que considera los datos de la Encuesta de Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial, correspondiente a la sub muestra de jóvenes para los meses de junio, julio, agosto, octubre y noviembre. Estos datos constituyen un primer diagnóstico de la percepción de los jóvenes sobre las políticas de seguridad ciudadana y evaluación que ellos realizan sobre las policías en el país. Ambas percepciones concluyen en un quiebre generacional respecto de las generaciones anteriores con las instituciones policiales y su confianza.

2. Juventud, violencia y seguridad: algunos elementos teóricos

Durante los últimos treinta años, las políticas públicas orientadas a la población sub 30 han tenido como objetivo la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral y en el consumo, generando herramientas para su habilitación social y económica (CEPAL, 2009).

Una de las principales definiciones de sobre juventud, más allá de las definiciones demográficas, dicen relación con el rol que determina esta etapa: autodeterminar las diferentes esferas de la vida, dentro de un sistema de actividad y comunicación. Estas autodeterminaciones, considerarán la posición en la estructura social, el género, la clase, la biografía, entre otros elementos significativos para la constitución de identidades. En consecuencia, la juventud dependerá del contexto sociocultural para definirla, dando paso a un grupo heterogéneo, que se confronta con el grupo de edad posterior “la conflictividad o la apatía política, la deserción escolar, la postergación o precocidad de la procreación, el desempleo masivo la crisis normativa o conductas de riesgo, pasan a ser parte del lenguaje que la sociedad usa para referirse a la juventud” (CEPAL-ONU, 2004;15).

No pretendemos hacer de esta reflexión un esfuerzo por patologizar a las juventudes. Sino por el contrario, reconocer su capacidad de agencia y tensión para el orden y cambio el social en Chile y América Latina.

Según la CEPAL, los principales problemas de las juventudes en América Latina dicen relación con la educación y el trabajo, la pobreza y el desempleo. A la falta de integración social de las juventudes, se suma un sistema de criminalización y estigmatización. Si bien es cierto, existen sociabilidades juveniles en que la violencia es una forma de vida y resolución de conflictos, probablemente estas están mediadas por la coacción o el miedo que impide crear redes de apoyo para salir de estas circunstancias, o simplemente, la desafección, desconfianza y desesperanza frente a la institucionalidad.

La criminalización de las juventudes ha permeado a nuestras instituciones y subjetividades sociales (Rincón, Castro 2020). Por ejemplo, la institucionalidad existente para tratar a los menores que han sido vulnerados en sus derechos, los pone en el mismo lugar que menos infractores de ley. Con esto no sólo se profundiza la conducta criminógena, si no que además, se devela la falta de voluntad del Estado para generar estrategias que aborden la complejidad de las identidades juveniles en plena garantía de los derechos humanos.

En el presente informe nos interesa abordar las violencias ejercidas hacia y por las y los jóvenes en distintos espacios sociales. En general, se habla de violencia juvenil (Pueyo, 2006) para dar cuenta de la existencia de sujetos violentos, a partir de su condición etaria que condicionaría su comportamiento. Esto escondería una perspectiva en que se asume que los jóvenes “nacen” violentos. Esta figura se vería justificada en parte porque en los últimos años, ha existido una importante presencia de jóvenes en actividades delictuales, o han protagonizado hechos de alteración al orden público. Por contraste, hay quienes sostienen que la “violencia juvenil” es el resultado de una práctica aprendida socialmente y que es heredada en los procesos de socialización, como único mecanismo para resolver los conflictos. En otras palabras, las y los jóvenes se construirían como sujetos violentos por necesidad. Asimismo, existen otras perspectivas que agregan elementos de la estructura psicológica y biológica de los individuos, complejizando aún más el debate acerca de las influencias sociales de la violencia en los jóvenes.

Con todo, estas representaciones se han internalizado en los imaginarios sociales de la sociedad chilena generando dobles movimientos. Por un lado, hay quienes han naturalizado este fenómeno, justificando los mecanismos de control punitivo sobre esta población, y justificando la represión de manifestaciones sociales. Por otro lado, hay posiciones interesadas en comprender las especificidades en que la violencia se ejerce, lo que permite explicar situaciones concretas de violencia, pero que entrega una respuesta limitada y basada sólo en causas individuales, dejando de lado una profundización social e histórica del fenómeno. Esto dificulta los análisis posibles y nos conmina a construir nuevos enfoques de análisis. En este sentido, nuestra propuesta en primer lugar, es hablar de las violencias, en plural. Es decir, asumimos que existe una diversidad de modos en que se expresa la violencia como práctica social.

En este sentido, nos situamos desde la comprensión de la violencia como fenómeno estructural y expresivo de la dominación social. Esto quiere decir que, entendemos la violencia como parte de un orden social en que la vida societal está fundada en el uso legítimo y legal de la violencia. Dicho de otra manera, el modo en que se organiza la sociedad está fundada sobre el control de la población. Como dijimos anteriormente, situarnos desde encuadre nos permite hablar de una pluralidad de violencias: violencia institucional, violencia racista, violencia económica, violencia simbólica, violencia situacional, violencia de género, violencia política, entre otras (Duarte, 2005).

En este escenario, el Estado aparece como una entelequia, un actor central que tiene la obligación de ser garante de la violencia contra los jóvenes y la infancia. Sin embargo, existen procesos concomitantes, especialmente en América Latina, que obstaculizan el despliegue de este derecho y que condiciona el modo en que se relaciona el Estado con los y las jóvenes:

  • La juventud goza de más acceso a la educación, pero menos acceso a. empleo.
  • La juventud goza de un lugar ambivalente para la política pública: Por un lado es receptor de estas; y por el otro, son el sostén de los cambios sociales.
  • Los jóvenes tienen más acceso a la información, pero menos acceso al poder.

Lo anterior, paradojalmente, genera condiciones que posibilitan el desarrollo de violencias sociales contra los jóvenes, como por ejemplo la precarización, el aumento de factores de riesgo social y la exclusión y marginalidad social. En consecuencia, el Estado aparece como garante, y al mismo tiempo, como vulnerador de garantías sociales. Esto remite entonces a la aparición de las primeras contradicciones sociales que les toca evidenciar a las y los jóvenes. A partir de esto, revisaremos dos ámbitos que permiten analizar la relación entre las funciones esenciales del Estado y la juventud. En primer lugar, revisaremos cómo es percibido el Estado en su estado más primario, como garante de la seguridad y la percepción que tienen los jóvenes sobre este rol de proveedor de seguridad. Y, en segundo lugar, revisaremos las cifras que resultan de los procesos de vulneración de derechos, como por ejemplo, la comisión de delitos por parte de la población que no posee mayoría penal o bien se encuentra bajo los 29 años, umbral en que determina lo que entendemos como juventud.

3. Encuesta Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial: Diagnóstico y Percepciones en Jóvenes

Tal como mencionamos al principio del presente informe, este primer avance considera principales resultados de la Encuesta “Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial” en la sub muestra de jóvenes, correspondiente al segundo semestre del año 2020, más precisamente a los meses de junio, julio, agosto, octubre y noviembre.

3.1 Consideraciones metodológicas

Se trata de un estudio cuantitativo no probabilístico, a través de una encuesta cerrada, autoadministrada y online.

Diseño muestral: Diseño no probabilístico, estratificado según sexo, edad, zonas geográficas y grupos socioeconómicos de 190 comunas de las 16 regiones del país, equivalentes al 86% de la población de Chile.

Universo de estudio: Población mayor entre 18 y 35 años de todas las regiones de Chile, con acceso a Internet fijo o celular.

Tamaño de la submuestra: Respondieron un total un un número aproximado de 559 entrevistas, hombres y mujeres entre 18 y 35 años, estratificados no proporcionales por las variables de Sexo, GSE y Zona geográfica.

Ponderación de la submuestra: Con el objetivo de proyectar resultados poblacionales, la submuestra fue ponderada de acuerdo con el peso real de cada variable sociodemográfica, en función de estadísticas oficiales (encuesta Casen 2017 entre otros) y del Censo 2017 corregido

Resultados Índice Jóvenes

Los resultados de la encuesta muestran una pérdida de la confianza y de la legitimidad policial entre los más jóvenes. Esta desconfianza se expresa por ejemplo, en que los jóvenes percibe que las decisiones de las policías, mayoritariamente, nunca no son justas. En el mes de junio esta percepción alcanza un 66%, en julio esta se incrementa a 77%, y desciende a 72% en agosto. Esta pregunta no fue realizada durante el mes de octubre y noviembre.

Otra perspectiva que nos ofrece la pérdida de confianza y legitimidad policial. Esta se expresa en la percepción discriminatoria según clase social. Los jóvenes perciben que las policías nunca realizan un trato igualitario a las personas según la condición social de estas. En concreto, para la medición de junio un 73% considera que nunca existe un trato igualitario, en la medición de julio este porcentaje incrementa a un 81%, en agosto esta continua con la tendencia al alza con un 85%. Durante el mes de octubre, esta experimenta una importante baja de 8 puntos, con un 77%, que luego vuelve a subir a un 80%.

La pérdida de la confianza y la legitimidad policial se traduce en una erosión en la percepción de desempeño de las policías. En este caso, podemos observar la percepción sobre la eficacia de la policías frente al control del narcotráfico. Para la medición de junio, los jóvenes perciben en un 65% que las policías nunca logran el control del narcotráfico. Para la medición de julio esta percepción negativa aumenta a un 75%,  en agosto desciende a 74%, y durante octubre se experimenta la baja de un punto con un 73%, para terminar en el mes de noviembre con un 74%. 

El mismo fenómeno ocurre en la percepción de eficacia sobre la detención de los delincuentes. Los jóvenes consideran en un 61% que las policías nunca detienen a los delincuentes, en la medición del mes de junio. Respecto de la medición de julio, esta percepción negativa de las policías incrementa en un 67%, y en agosto desciende a 64%, cifra que se mantiene para el mes de octubre. Luego, en el mes de noviembre, esta vuelve al 67%.

Profundizando esta negativa percepción de las policías entre los jóvenes, un 44% de los jóvenes están de acuerdo con la afirmación de que las policías reciben sobornos durante el mes de junio. Esta cifra se incrementa en un 48% para el mes de julio, y desciende a un 43% en el mes de agosto. Esta pregunta no se realizó durante los meses de octubre y noviembre. 

Lo anterior, es causa y consecuencia de un completo desajuste entre los valores de la policías y los valores de los jóvenes. Esto se expresa en que un 59% de los jóvenes encuestados cree que la policía no encarna los valores con los que ellos se identifican durante el mes de junio. Para el mes de julio en tanto, esta percepción aumenta a un 65%, y desciende a 61% en el mes de agosto. Para los meses de octubre y noviembre esta pregunta no se realizó. 

Respecto de la percepción que tienen los jóvenes sobre la implementación del plan cuadrante en sus territorios, estos consideran en un 79% que Carabineros nunca se comunica con sus vecinos durante el mes de junio. Para el mes de julio, esta cifra aumenta a un 81%, a 82% en el mes de agosto, y se incrementa en 2 puntos con un 84% durante el mes de octubre, y en noviembre, este desciende 1 punto a 83%.

Siguiendo esta línea, la legitimidad y la confianza en Carabineros se encuentra profundamente quebrada entre los más jóvenes.  En el mes de junio, un 68% rechaza la aprobación del actuar policial. Para el mes de julio, esta cifra crece alcanzando un 71% y 72% para el mes de agosto. Durante el mes de octubre, esta variable experimenta una baja de tres puntos, con un 69%, terminando en el mes de noviembre con un alza en 74%, superando el inicio de las mediciones. Esto da cuenta de un empeoramiento en la legitimidad policial y de una profunda falta de credibilidad que acompañará el futuro de esta institución policial, y que Carabineros de Chile no han reflexionado sobre cómo acercarse desde una nueva ética hacia los jóvenes. 

Para la medición correspondiente al mes de octubre y noviembre, se incorporó una pregunta nueva sobre el actuar policial frente a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). En este caso, los jóvenes tienen un rechazo muy menor respecto del rechazo frente a Carabineros. El rechazo dentro de los sectores más jóvenes hacia el actuar de la PDI sólo alcanza al 35% en el mes de octubre, y baja en el mes de noviembre a un 32%. Cabe destacar que, el alto porcentaje para el “ni de acuerdo, ni en desacuerdo” durante el mes de octubre  con un  32%, que se incrementa en el mes de noviembre con un 36%. Estas cifras deben ser interpretadas como un desconocimiento del actuar de la PDI, que debe traducirse en un aliciente para visibilizar a la institución entre los sectores más jóvenes, y con ello recomponer la erosión entre jóvenes y policías.

En línea con lo anterior, los jóvenes perciben que las policía nunca explican sus decisiones y acciones en un 62% para el mes de junio. Posteriormente, en el mes de julio, esta percepción se acentúa en un 81%, siendo esta variable la que mayor variación registra entre ambos meses, y que se mantiene estable en el mes de agosto con un 82%. Para los meses de octubre y noviembre, esta pregunta no se realizó.En línea con lo anterior, los jóvenes perciben que las policía nunca explican sus decisiones y acciones en un 62% para el mes de junio. Posteriormente, en el mes de julio, esta percepción se acentúa en un 81%, siendo esta variable la que mayor variación registra entre ambos meses, y que se mantiene estable en el mes de agosto con un 82%. Para los meses de octubre y noviembre, esta pregunta no se realizó.

Sin embargo, durante el mes de octubre se preguntó si Carabineros de Chile actúa de forma autónoma del poder, es decir, toman sus propias decisiones sin consultar a las autoridades civiles del Gobierno. Los jóvenes perciben en un 38% que la policía actúa obedeciendo las órdenes del Gobierno y un 37% cree que Carabineros actúa de manera autónoma al poder ejecutivo.

Continuando con la alineación moral de las policías, podemos decir que entre los más jóvenes, un 62% afirman no estar de acuerdo con que las policías tienen la misma idea que ellos sobre lo que está correcto y lo que está incorrecto. Esta cifra alcanza el 66% en el mes de julio y agosto. Durante los meses de octubre, esta pregunta no se realizó. 

Respecto de la evaluación de la labores policiales durante la cuarentena impuesta durante la crisis sanitaria por COVID-19, los jóvenes perciben que a pesar de la instauración de medidas excepcionales como el toque de queda y las restricciones a la libertad de desplazamiento durante el día, un 66% asegura que la seguridad pública en su barrio sigue igual. Felizmente, esta percepción disminuye en la medición de julio con un 56%. Estas preguntas sólo se realizaron durante los meses de junio y julio.

No obstante, respecto de la venta de drogas en su barrio durante la pandemia, un 50% de los jóvenes en el mes de junio aseguran que esta se realiza siempre y frecuentemente a pesar del despliegue de seguridad. Esta percepción se incrementa en el mes de julio en un 51%, desciende a 47% para el mes de agosto sube en 12 puntos, para el mes de octubre con alcanza un 59% y en el mes de noviembre desciende a un 51%, como al inicio de la medición. 

Lo mismo sucede respecto de la frecuencia de robos y asaltos durante la cuarentena. Para el mes de junio, un 47% de los jóvenes perciben que estas situaciones delictuales se siguen sucediendo en sus barrios a pesar del despliegue policial, cifra que se incrementa a un 51% en el mes de julio,  en agosto desciende a un 47% en agosto, vuelve a subir 3 puntos durante la medición de octubre alcanzando un 50%, y desciende en el mes de noviembre a un 45%, la cifra mas baja durante todo el semestre. 

Distinta es la situación en cuanto a balaceras o disparos.  El 33% de los jóvenes considera que estos ilícitos tienen lugar en sus barrios durante la cuarentena. Esta percepción sólo aumenta en un punto para el mes de julio (34%), se estabiliza en 33% en el mes de agosto, sube en 5 puntos en la medición correspondiente al mes de octubre con un 38%, y en el mes de noviembre alcanza un 35%, 

Durante el mes de agosto y octubre la pregunta móvil cambió. Esta fue reemplazada por una pregunta de contingencia política, referida a la realización del plebiscito por una Nueva Constitución en el mes de octubre. Respecto de la realización de esta actividad electoral, un 71% de los jóvenes consideró que se registraría algún incidente menor, mediano o de extrema gravedad que alteraría el normal desenvolvimiento del orden público en el país. Para el mes de octubre, y a pesar de acercarse la realización del Plebiscito, la percepción de los jóvenes disminuyó a un 65% que considera que habrá incidentes de alguna gravedad. 

También se agregó durante el mes de octubre la pregunta sí Carabineros está o no preparado para enfrentar una eventual reactivación de la protesta social. En general, los jóvenes consideraron en un 59% que Carabineros no se encuentra preparado para enfrentar eventualmente un nuevo escenario de violencia y protesta, como la de Octubre del 2019. 

En este sentido, también se consultó si el aniversario del estallido social se desarrollará con incidentes o con normalidad. En general, un 85% cree que este aniversario se desarrollará con algún nivel de violencia, nueve puntos menos que la población sobre 55 años.

Para el mes de noviembre, se consultó sobre las expectativas de seguridad en el país después del Plebiscito y el triunfo de la opción “apruebo”. Un 45% de los más jóvenes se encuentra escéptico (ni de acuerdo ni en desacuerdo) sobre un escenario de mayor seguridad durante el proceso constituyente. Esto viene a confirmar la profunda desafección con el sistema de seguridad, sus instituciones, la confianza y la legitimidad de las fuerzas del orden que deben entregar seguridad y orden en el futuro del país. Este fenómeno sólo se da en el grupo de jóvenes a diferencia de los adultos. 

Siguiendo en la medición del mes de noviembre, se consultó respecto de las expectativas sobre las futuras movilizaciones a pesar del triunfo de la opción “Apruebo”, un 70% tiene la certeza de que las movilizaciones continuarán con el proceso que se inició el 25 de Octubre, a pesar del triunfo de la opción de cambio constitucional. 

4. Gestión de la información pública y datos interactivos del Monitor de Seguridad

En el siguiente aparatado, se esbozan los datos obtenidos por la Ley de Transparencia desde las distintas instituciones del sistema de seguridad. En su mayoría, corresponden a datos sobre la conducta delictiva de las juventudes. Desde la teoría criminógena se han identificado lo que se conoce como “factores de riesgo” (González, 2016), para explicar la potencialidad del fenómeno delictivo a nivel individual sobre población adolescente. Como por ejemplo, problemas emocionales y conductuales en la infancia, la influencia de los sistemas de crianza de la familia y las asociaciones e identificación con grupos de pares delictivos. Con todo, lo anterior no constituye un predictor de la conducta delictiva. 

Por otra parte, hay quienes señalan que cuando los jóvenes son etiquetados, se condiciona su manera de actuar a nivel social, reforzando las conductas que se quieren prevenir, e incorporando la etiqueta como parte de la identidad que lo constituye socialmente. Al mismo tiempo, los agentes sociales e institucionales reaccionan de determina manera frente a los grupos de jóvenes etiquetados, tal como sucede por ejemplo, cuando la policía detiene de manera masiva. 

Como sea, lo cierto es que los jóvenes son construidos y se construyen al mismo tiempo, a partir de innumerables situaciones de riesgo, de vulnerabilidades sociales y negaciones de derechos fundamentales. Esto los deja en una cornisa en que la vía para obtener cierto bienestar social, en ocasiones, puede ser alcanzado a través de redes del crimen organizado, en donde las juventudes pueden ser simultáneamente sujetos y objetos de la violencia. 

A continuación se presentan  estadísticas de ambas instituciones policiales, tanto de la Policía de Investigaciones (PDI), como también de Carabineros de Chile. Cabe señalar que, pudimos evidenciar la falta de consideración de una perspectiva de infancia y juventud en el tratamiento de datos, particularmente por parte de Carabineros de Chile, principal institución a cargo de la prevención en el país. 

Particularmente, para nadie es un misterio que cada vez se observa una mayor participación de menores de edad en actos delictuales. Una de las principales explicaciones tiene que ver con la inimputabilidad de los menores, por lo que serían principalmente utilizados por bandas criminales lideradas por adultos que se aprovechan de esta condición judicial. Esta población es atendida bajo un régimen especial en recintos especiales para menores infractores de ley, distintos a las cárceles, según los convenios internacionales de protección a la infancia. Sin embargo, es conocido por la opinión pública y por la misma Policía de Investigaciones (PDI) en el Informe “Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Servicio nacional de Menores” (2018) que este régimen no cumple con los estándares mínimos de protección a la infancia, provocándose una violación sistemática a los derechos humanos.

  • Población Penitenciaria entre el 2005 y el 2009 en Chile
  • Población Penitenciaria entre el 2010 y el 2015 en Chile
  • Detenidos por infracción a la ley de drogas entre el 2005 y el primer semestre del 2020.
  • Víctimas de homicidio menores de 18 años contabilizadas por la PDI 2017-2020 (primer semestre)
  • Procedimientos policiales con resultado de muerte: Jóvenes fallecidos en procedimientos policiales, desde los años 2017 a 2020 (hasta el mes de julio)
  • Controles de identidad preventivos realizados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) entre 2016-2019, y durante el período de cuarentena por crisis sanitaria por COVID 19, correspondiente al 17 de marzo y el 28 de mayo 2020.
  • Controles de Identidad realizados por Carabineros entre el 15 de marzo y el 31 de marzo

Carabineros realizó durante la segunda quincena de marzo, es decir, al comienzo de la crisis sanitaria por COVID 19, 1.208 controles de identidad a menores de edad. Estos se encuentran divididos entre 367 controles investigativos y 841 preventivos. 

  • Finalmente, los casos de infracción a los derechos humanos, constituidos como “Casos de abuso de DD.HH” a civiles en procesos de detención ingresados al Ministerio Público, durante el Estallido Social (entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020), corresponden a 467 casos de Niños, Niñas y Adolescentes.

5. Palabras finales 

El Estallido Social en Chile evidenció situaciones de abuso policial que hasta esa fecha se mantenían en el anonimato de la marginalidad y la exclusión social. Sin embargo, desde octubre del 2019 que estas agresiones se hicieron masivas y estuvieron en primera plana gracias a los cambios generacionales y el uso de redes sociales. Lo anterior, puso en el ojo del huracán a las fuerzas policiales. 

Como sabemos, la función policial se caracteriza por el mantenimiento del orden público y la protección de la seguridad de las personas. No obstante, lo que hemos podido observar desde el Estallido Social hasta hoy, es que la policía enfrenta ambas funciones de igual manera: desde el hostigamiento generalizado hacia los jóvenes. Un ejemplo de esto, es la práctica regular de controles de identidad focalizado  en jóvenes, principalmente de extracción popular. Esto se había denunciado en innumerables ocasiones en los estadios de fútbol profesional, pero no fue hasta el Estallido Social que las capas medias y profesionales permitieron la visibilización de los abusos hacia los jóvenes por parte de las fuerzas policiales. Esto, ha transformado la interacción de la infancia y la juventud con las policías; y aún más, ha transformado la relación de este segmento con el Estado, y con lo político (Fassin, 2013).  De ahí que presenciamos un quiebre en la confianza de la generación que creció en democracia, respecto de las instituciones policiales y públicas, tal como lo sostienen las cifras de la Encuesta de Seguridad Ciudadana y Evaluación policial del Monitor de Seguridad. 

Este fenómeno de desconfianza resta legitimidad al actuar policial. Según los datos entregados durante este informe, se evidencia una percepción de una policía discriminatoria y ausente de criterio a la hora de una intervención policial profesional, independiente de si esta es necesaria, deseable o apropiada. En definitiva, y tal como lo demuestran los datos, existe un rechazo al alza en el actuar policial entre los más jóvenes: la violencia policial resulta injustificable y desproporcionada. Dicho de otra manera, se ha constituido hoy una nueva moralidad en torno a la violencia de Estado, las dimensiones sociales y culturales que antes le entregaban legitimidad a su uso han cambiado en las nuevas generaciones. Sólo queda la nostalgia del castigo físico y brutal de nuestros abuelos como forma de corregir conductas sociales e individuales, porque las formas políticas y sociológicas que las hacían posibles y aceptables antes, ahora han cambiado. Hoy La relación entre los agentes policiales estatales y los jóvenes e infantes se trata de una relación mediada por la desconfianza, la deslegitimidad y la(s) violencia(s) de distinto tipo. 

Por ello, urge que las instituciones policiales puedan incorporar un nuevo marco de interpretación a estos cambios sociales y culturales que acompañan a la nueva época. Cambiar el habitus dominante de la cultura policial no sólo pasa por aumentar los años de formación, si no que también significa abordar la calidad de la formación que se recibe, la supervisión de los policías por un ente civil, avanzar en menores grados de autonomía policial, el ajuste a derecho durante controles de identidad y arrestos, el establecimiento de sanciones reales frente a un acto discriminatorio y/o desproporcionado, implementar un sistema de rendición de cuentas, despolitizar/desideologizar la institución, y estrechar la vinculación con la comunidad bajo la premisa del compromiso público. 

Con todo, no creemos que esto signifique una responsabilidad exclusiva por parte de las polícias. En gran medida, los funcionarios policiales están inmersos en condiciones labores precarias, jornadas extenunantes, una diversidad de tareas a realizar y mal remuneradas. Esto es también tarea del Estado, y particularmente, del poder civil. En este oportunidad, quisieramos invitar a traves de este informe a distinguir que la policía debe ejercer la fuerza por razones que son inherentes a la constitución del Estado moderno, pero no obstante, no debe ni puede ejercer violencia. Cada gobierno, independiente de su posición política, necesitará las fuerzas policiales para gobernar y establecer el principio de autoridad, pero la manera de utilizarlas determinará su estilo en democracia. Durante los años 2018-2020  en Chile, lo que hemos visto, ha sido la utilización de las policías como un recurso de la gestión y administración política de los conflictos sociales, donde los jóvenes han sido los actores principales. 
La respuesta para enfrentar el desorden público no puede ser aumentar los grados de militarización de las instituciones policiales. La manifestación y el uso de los espacios públicos para ello no es constitutivo de delito. Así como tampoco la pobreza no es condición de riesgo delictivo y criminal per se. En consecuencia, el paradigma de la seguridad pública que tiene como objetivo el resguardo último del Estado, debe dar paso a un paradigma de seguridad democrática, que esté al servicio del resguardo de la población, independiente de su condición social y económica. La ciudadanía no es adversaria ni enemiga de la policía: este lazo se debe recomponer para la sostenibilidad de la democracia en las futuras generaciones.

6. Bibliografía 

  • Duarte, Claudio (2005). Violencias en jóvenes, como expresión de las violencias sociales. Intuiciones para la práctica política con investigación social. Revista Pasos Nº120. Santiago de Chile. 
  • Fassin, Didier (2016). La Fuerza del Orden: Una etnografía del actuar policial en las periferias urbanas. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 
  • González, Carlos (2016). “Factores de riesgo de la conducta delictiva en la infancia y adolescencia” En:  Delincuencia Juvenil y Derecho Penal de  menores. COLEX. Madrid. Recuperado de: http://www2. uned. es/dpto_pen/delincuenciajuv/documentos/delincuencia/factoresdelincuencia. pdf.
  • Rincón, Andrés. Cid, Jeraldine (2020). Políticas criminalizantes contra la juventud latinoamericana: falacias criminalizantes. Revista Méxicana de Sociología. Vol. 82 (1). 123.157. México. 
  • Sepulveda, Leandro (2009). Políticas para la reinserción laboral de mujeres y jóvenes en Chile. Dumentos de Proyectos. Nº 303. CEPAL.
  • Policía de Investigaciones de Chile (2018). Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores. Santiago. 
  • Pueyo, Andres. (2006). Violencia juvenil: realidad actual y factores psicológicos implicados. Revista ROL, 29(1), 38-44. Barcelona.

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