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Eduardo Vergara : Violencia y política

Progresivamente, y a medida que la violencia se mantenía durante meses (tanto en quemas y vandalismo como en la violencia ejercida por el Estado por medio de la policía) desde el inicio del estallido, la problemática se encapsuló en cálculos políticos que generaron un debate simbólico, superficial y funcional para ocultar la profundidad del fenómeno social que se vivía. Mientras el grueso de las manifestaciones fueron pacíficas, el conflicto escaló gracias a la gestión de la seguridad del gobierno que dio prioridad al orden público sobre la seguridad de las personas. Fueron reiteradas las recetas para el desastre.

La pandemia le pegó violentamente a quienes menos tienen y desde el estallido social a la fecha, parte de la élite actuó con sorpresa cuando el caos que normalmente ocurría en la periferia llegaba al jardín de sus casas. Sorprendidos por la destrucción de museos, monumentos y la infraestructura del progreso, no lograban entender por qué los símbolos de la resistencia social que se negó a seguir viviendo bajo parámetros que no le hacen sentido y desintegró el pacto político y social que dio gobernabilidad a Chile por tres décadas, no eran revolucionarios, intelectuales, ex compañeros de colegio o banderas de partidos políticos, sino que un imaginario colectivo anti oligárquico compuesto por Pikachu, la primera línea y un perro quiltro. Estos símbolos, contrarios a un sentido y a una estética aristocrática, adquirieron un rol heróico en contraposición a un gobierno que se comienza a percibir como una otredad. La declaración de guerra por parte del gobierno no hizo más que reafirmar esta situación.

Para reducir la violencia que estamos viendo en el espacio público debemos partir por abordar las violencias estructurales y de fondo por las acciones u omisiones del Estado. Una violencia no justifica la otra y en una democracia la violencia venga de la policía o la calle, no la podemos tolerar. Son exactamente quienes hacen las condenas públicas los que deben tomarse el desafío de la violencia en serio, abrir los espacios para democratizar la toma de decisiones y perderle el miedo a la gente. Después de todo, no estaríamos a días de decidir si tendremos una nueva constitución, si no fuera por el movimiento social que sigue haciendo presión.

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Eduardo Vergara: Carabineros al borde del precipicio

Estamos viviendo momentos que definirán el futuro de Carabineros. Hay prácticamente dos caminos: uno, es que la institución puede seguir dando sus últimos respiros, usando la protección política de un Gobierno desgastado como tanque de oxígeno para sobrevivir y, eventualmente, caiga a un barranco o, lo segundo, es que de una vez por todas la autoridad política lidere un plan para avanzar hacia la policía que el país merece y necesita. Esto último es imprescindible, porque no podemos dejar caer a una institución tan importante para la democracia y en el camino además seguir tolerando violaciones de los Derechos Humanos.

Si bien el estallido social puso en evidencia la incapacidad sistémica de Carabineros para hacer su trabajo en el marco del respeto a los DDHH, los casos de abuso policial han existido siempre. Sin embargo, no fue sino hasta el estallido social que, al ocurrir estos con masividad y en espacios de mayor exposición pública, lograron la atención de actores nacionales e internacionales. Mientras la crisis se venía fraguando en silencio durante los últimos años, la incapacidad de hacer reformas, particularmente por la oposición de sectores políticos y la protección de una Ley Orgánica Constitucional, sirvió de base para lo que estamos viviendo hoy.

Carabineros requiere recuperar su legitimidad y confianza para mejorar su desempeño. Se necesita un cambio al enfoque actual que está centrado en garantizar el orden público para proteger el orden político y la propiedad privada, por sobre la seguridad

Lo que urge, es un giro hacia una policía democrática que ponga a resguardo el derecho a la manifestación y la necesidad de brindar seguridad a las personas, siendo custodios de los derechos de las personas como su primer objetivo. El orden público no puede seguir siendo un fin en sí mismo para las policías, sino que debe ser un medio para la defensa de valores superiores para la democracia, como la imparcialidad en el trato con los ciudadanos, su seguridad y la defensa irrestricta de los DDHH.

El Gobierno está cometiendo una irresponsabilidad histórica al dejar caer a Carabineros por un barranco. Lo está haciendo al usarlos como instrumento para gobernar y al dar instrucciones dispares, dependiendo de si se trata de lo que ellos definen como un adversario político o no. Carabineros en estos momentos parece más un fusible de cambio para el Gobierno que una institución importante, parte del Estado de Derecho. No es aceptable, además, que un joven de 22 años que debería estar en un aula de formación en la Escuela de Carabineros, esté en la primera línea de un piquete de Fuerzas Especiales protegiendo el orden político.

Ad portas de eventos como el plebiscito y el aniversario del estallido social, no hay garantías de que la policía pueda hacer su trabajo asegurando el respeto hacia los Derechos Humanos y desescalando los conflictos, en vez de provocar más incidentes. Por lo demás, no hay margen para nuevas acciones de brutalidad, menos considerando la volatilidad del ambiente nacional. Es por esto que se hace necesario un proceso excepcional, que dé nacimiento a un grupo de trabajo para garantizar una etapa intermedia, que otorgue gobernabilidad compartida durante los meses que vienen, defensa irrestricta de los DDHH, que impida que los abusos continúen y ponga freno a la pérdida de legitimidad que vive la institución. Por esto mismo, la reforma es urgente, pero insuficiente.

Este proceso debe partir por la creación de una unidad de tarea que garantice gobernabilidad compartida entre los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y expertos, para que en una etapa intermedia velen por impedir que continúen las violaciones de los Derechos Humanos. En paralelo, se necesita un mecanismo civil donde se puedan hacer denuncias de abuso policial, con facultades para querellarse y realizar seguimiento de los procesos de investigación, que requiere de la participación de instituciones como el INDH y la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía y el Poder Judicial, que cuente con facultades para suspender a funcionarios policiales mientras se aclaran los hechos.

Acto seguido, se debe iniciar de una vez por todas el proceso de reforma policial. Para que todo esto se pueda llevar adelante, se requiere de un acuerdo político transversal que apoye la acción que se llevará adelante y permita las modificaciones legales necesarias. Esto último es central, ya que, sin voluntad y coraje político para poner fin a esta situación, el Gobierno terminará por empujar a nuestros policías a ese precipicio.

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Macarena Aliaga: “De la guerra contra las drogas a políticas de seguridad humana: México, Colombia y Perú”

Por Macarena Aliaga – Pasante Monitor de Seguridad

Desde la década del 80, la política de guerra contra las drogas se asomaba como la estrategia concreta que guiaba el control del tráfico de drogas ilícitas para América Latina, impulsada por Estados Unidos, que materializaba los pensamientos clásicos de seguridad altamente militarizados. En consecuencia, sus bajos resultados en comparación con sus altos efectos colaterales llevaron a su propio cuestionamiento.

En paralelo, en la década de los 90, desde Naciones Unidas estaba naciendo una nueva perspectiva de seguridad: la seguridad humana, que daba la posibilidad a países como México, Colombia y Perú de ver el conflicto de las drogas ilícitas a partir una perspectiva preventiva. Países que resultan -hasta el día de hoy- centrales dentro de las corrientes de trafico de drogas ilícitas internacionales, pues los carteles de droga han sabido conformarse como empresas trasnacionales, llegando a presenciar una alta violencia asociada al tráfico que atenta contra la libertad y dignidad de las personas y comunidades.

Por lo tanto, las políticas y programas de seguridad, y en particular, aquellas que apuntan directamente hacia el tráfico de drogas ilícitas en aquellos tres casos, se han ido asociando a elementos cada vez más cercanos a una perspectiva de seguridad humana, de tal forma que los documentos de seguridad de los pasados gobiernos de Santos en Colombia, Peña Nieto en México y Ollanta Humala en Perú fueron demostrando en diferente grado y forma un cambio en el discurso de seguridad.

Ahora bien, que el discurso de seguridad cambie en el interior de las políticas no quiere decir que también haya cambiado la realidad de las comunidades afectadas por el tráfico. A pesar de que los nuevos discursos de seguridad destaquen como fundamental el respeto a los derechos humanos, tanto en México como en Colombia, se ha llamado la atención por la delgada línea que han cruzado las Fuerzas Armadas y la Policía en el control del delito, viviendo situaciones de corrupción, tortura, secuestro y violencia sexual. Mientras tanto en el caso de Perú, a diferencia de los dos anteriores, al estar el conflicto de la droga más focalizado en algunas zonas como el VRAEM, el cuestionamiento se encuentra mayormente guiado hacia los planes de erradicación, y de qué formas estos han vulnerado los derechos socioeconómicos de las comunidades afectadas.

En conclusión, podemos destacar tres puntos: en primer lugar, a pesar de todos los esfuerzos para su control el tráfico de drogas ilícitas sigue siendo un problema de mucha importancia en nuestra región; en segundo lugar, se puede reconocer un cambio en las políticas de seguridad pero limitado mayormente a la esfera discursiva, pues no se ha reflejado en la realidad de las comunidades afectadas por el delito, sobre todo en lo que se relaciona al actuar de las fuerzas de orden y las campañas de erradicación; y finalmente, al reconocer esta situación se pueden  plantear desafíos sobre las formas en las cuales podemos disminuir las incongruencias entre las políticas de seguridad y el contexto de las personas que padecen el efecto del tráfico de drogas ilícitas y las medidas para su control.

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Natalia Silva: “Policías sin políticas de género: Mujeres más inseguras”

Por Natalia Silva, Coordinadora de Proyecto – Monitor de Seguridad

Una semana ha transcurrido luego de que se descubriera el cuerpo de Norma Vásquez en el maletero del auto de quien fuera su compañero en Carabineros de Chile, el Subteniente Gary Valenzuela, quien además contaba con al menos media docena de investigaciones y sumarios en su contra. Hace unos días, Katherine Silva, ex pareja del Capitán acusado de agredir a Fabiola Campillay hizo públicas las agresiones que sufrió por parte del uniformado y  miembro de la barra brava “Los Marginales” de Curicó Unido, conocida por sus altos niveles de violencia.

Katherine y Norma tienen en común haber denunciado hechos de violencia que involucraban a funcionarios de Carabineros. Por ello, es legitimo preguntarnos ¿qué hizo Carabineros de Chile frente a estas denuncias? ¿Qué hizo la Dirección Nacional de Orden y Seguridad frente a estos casos?.

Y más precisamente, es oportuno preguntarnos ¿en qué va la creación del Departamento de Asuntos de Género dependiente de la Dirección Nacional de Personal? ¿cuáles son sus resultados?. Esta no es una pregunta caprichosa, pues se trata de una meta del Ministerio de la Mujer en materia de equidad género de la cual Carabineros y el Gobierno deben dar cuenta.

Los datos de la Encuesta Mensual de Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial del Monitor de Seguridad, lamentablemente, vienen a corroborar la sensación de impunidad que perciben Katherine Silva, Fabiola Campillay, y la familia de Norma Vásquez. En este sentido, la pérdida de confianza y legitimidad en las instituciones policiales para nosotras, las mujeres, se expresa en un 61% que considera la policía nunca toma decisiones justas frente a los casos en que los que se ocupa; un 74% considera que las policías nunca explican sus decisiones y acciones cuando se les pide; un 75% de las mujeres considera que las policías discriminan según clase social; y un 57% rechaza el actuar policial.

Es más, un 54% percibe un quiebre entre lo que las mujeres consideramos correcto e incorrecto, y lo que consideran como correcto e incorrecto las policías. Este dato devela una ruptura moral mayor. Por otro lado, un 61%,las mujeres percibimos que las policías son completamente ineficaces frente al control del narcotráfico.

Frente a este escenario sombrío, poco y nada contribuye el silencio cómplice del Alto Mando -compuesto por 37 Generales (hombres) y sólo 2 “Generalas” (mujeres) – sobre los delitos contra las mujeres, dentro y fuera de Carabineros. La cultura policial tiene que permearse por los cambios sociales que está experimentando la sociedad chilena y no ser refractaria a ellos.

No es posible que el destino de las carabineras sólo sea la Zona de Familia (ZonaFam), y que para los carabineros, esta labor sea percibida como un “castigo”. Es más, Control y Orden Público (COP) necesita más mujeres en las secciones y en los mandos, porque está comprobado que la presencia de mujeres en labores de orden público genera menos fricciones que la presencia de funcionarios hombres en manifestaciones.

Finalmente, es urgente y necesario que la Reforma Policial se acompañe de una política institucional de género real y efectiva para enfrentar la falta de credibilidad social y la desafección que tenemos las mujeres y la ciudadanía con la institución que tiene a cargo la función más esencial del Estado: la prevención de los delitos y la violencia; y en este caso en particular, los delitos y la violencia contra las mujeres.

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Violencia institucional post estallido social: El camino de la justicia

Por Paulina Vargas, Analista – Monitor de Seguridad

El viernes 21 de agosto, el ex Teniente Coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, Claudio Crespo Guzmán, quedó en prisión preventiva luego de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acreditara su “actuar doloso” e “intención de hacer daño” al perpetrar los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica.

Sólo dos días después, Fabiola Campillay realiza su primera aparición en televisión luego de perder la visión, gusto y olfato tras recibir el impacto de una lacrimógena en su rostro por parte de Carabineros cuando se dirigía a su trabajo.

La reaparición de dos de los casos más emblemáticos de violencia policial en contexto de estallido social ha provocado que temas tales como el abuso y la violación a DD.HH. acaecidos durante los meses de revuelta vuelvan a la palestra, no sólo en relación a su crudeza, sino también respecto a la falta de celeridad en los procesos judiciales efectivos para las víctimas.

De acuerdo a las cifras que maneja el Monitor Policial, desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020 han existido, a nivel nacional, 2.559 víctimas de violencia institucional, que al momento de la respectiva denuncia en la audiencia de control de detención o de forma posterior, han manifestado haber sido abusados por parte de los funcionarios policiales a cargo de su detención en carros policiales, brigadas, comisarías u otros centros de detención. Del total de víctimas, 2.104 corresponden a hombres y 455 a mujeres. (Fuente: Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, 2020).

Tomando en consideración las edades de las víctimas, resulta bastante preocupante notar que un 18,25% del total de las víctimas corresponde a niños, niñas y adolescentes (467 menores de edad violentados). Respecto a la calificación inicial de los delitos, los tres ilícitos más denunciados son los apremios ilegítimos (1845 denuncias), abusos contra particulares (513 denuncias) y torturas (152 denuncias). Finalmente, en relación a los hechos declarados por las víctimas, los acontecimientos que más se repiten son los desnudamientos (234 casos), heridas de gravedad (121 casos) y heridas causadas por municiones (83 casos).

¿Qué se ha hecho al respecto?

La Fiscalía ha explicado que muchas investigaciones, debido a su complejidad, no han sido cerradas y que durante la pandemia se han priorizado aquellos delitos contra la salud pública. A lo anterior, se suma el hecho de que las investigaciones internas llevadas a cabo por Carabineros no han sido concluyentes. A causa de ello, hoy en día los mismos policías que han perpetrado los ilícitos siguen ejerciendo su labor en las calles. No hay culpables ni formalizados.

9 meses pasaron antes de que Claudio Crespo fuera formalizado. Para el caso Campillay, aún no hay culpables. ¿Es posible hablar de pactos de silencio al interior de Carabineros? ¿Ha colaborado Carabineros de Chile de manera adecuada para esclarecer los casos?

El día de hoy trascendió el hecho de que el General Director de Carabineros, Mario Rozas, cuestionó al Directo de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por el trato mediático “inadecuado” de la detención de Crespo. ¿Por qué razón el General Rozas pide explicaciones a su par de la PDI? Parece ser que las instituciones policiales siguen sin entender la necesidad de un trato igualitario frente a la justicia.

En palabras de Fabiola Campillay: “Él (Mario Rozas) apoya mucho a su institución, tanto que les da las alas para que ellos sigan haciendo lo que hacen hasta hoy, disparar a la cara a la gente”.

*Para profundizar en las estadísticas, se sugiere consultar la plataforma Datos Abiertos de nuestra web.